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Ley Antibarreras del Perú inspira a legisladores salvadoreños para implementar una norma similar que beneficie a ciudadanos y empresas de ese país con trámites más ágiles y económicos

2019/01/02
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La Ley Antibarreras del Perú (Decreto Legislativo N° 1256), que busca prevenir y eliminar las barreras burocráticas en las instituciones del Estado, se ha convertido en un referente para los legisladores de otros países de América Latina, como El Salvador, que han replicado el procedimiento creado en nuestro país para beneficiar a ciudadanos y empresas con trámites más ágiles y mayor simplificación administrativa.

 

La ley salvadoreña, cuyo texto aprobado recientemente por la Asamblea Legislativa de dicho país, tiene claramente una inspiración en la Ley Antibarreras peruana y guarda bastante similitud en muchos aspectos, como en la definición de barrera burocrática y cómo estas se pueden materializar en actos administrativos, disposiciones, entre otros requisitos; así como en la metodología de análisis que tiene el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), para evaluar la legalidad y razonabilidad de una barrera burocrática.

 

El Indecopi fue visitado en el año 2018 por representantes de la Asamblea Legislativa de El Salvador, para recoger y tomar nota de las buenas prácticas peruanas y normativa en materia de simplificación administrativa y mejora regulatoria, a fin de evaluar, discutir e implementar una ley similar en ese país.

 

Es importante destacar que el Perú era el único país con un procedimiento administrativo de control posterior de las regulaciones de las entidades del Estado, con posibilidad de ordenar la inaplicación de las disposiciones administrativas que sean declaradas barreras burocráticas y con poder sancionador para los funcionarios que las impongan.

 

Lima, 02 de enero de 2019

 

Glosario

Barrera burocrática: Es toda exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro que imponga cualquier entidad, dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que puedan afectar a administrados en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa.


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